Reconocer el ecocidio como un crimen no es algo nuevo. Olaf Palme, Primer Ministro de Suecia, lo destacó en el momento de la Declaración de Estocolmo en 1.972, y aún se discutió más en las décadas previas a la redacción del Estatuto de Roma en los años 1.900, aunque no llegó a estar en el borrador final (excepto al referirse específicamente al daño medioambiental en tiempos de guerra).

Desde el 2.009 ha sido investigado a fondo por la abogada británica Polly Higgins (abajo), quien en el año 2.010 lo propuso a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas como un quinto “Crimen en Contra de la Paz” (tal como se citan los crímenes en el Estatuto de Roma). Desde entonces, ha promovido su crucial importancia. Polly Higgins ha familiarizado al mundo con el término “ecocidio” en contextos que van desde círculos diplomáticos internacionales, ONGs y foros culturales, a periodistas y activistas de base, inspirando una conciencia global acerca del potencial de una ley de ecocidio.

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Mission LifeForce existe desde 2.017 con el objetivo de pasar a la siguiente fase para la aprobación de esa ley, financiando aquellos estados capaces de llevarla adelante y, simultáneamente, creando la oportunidad para:

-Que los protectores de conciencia que defienden las comunidades más afectadas sean escuchados en un Tribunal de Justicia.

-Que el poder judicial reconozca el ecocidio como un crimen faltante.

Puedes leer más acerca de Polly, y sobre la ley del ecocidio y su historia aquí.

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